Facultades legislativas para crear delito de revelación: entre seguridad y libertad de prensa
El Congreso otorgó al Ejecutivo de José Jerí facultades legislativas por 60 días para impulsar medidas de seguridad ciudadana, incluyendo la creación del delito de revelación de información reservada vinculada a investigaciones penales. Esta decisión reaviva el debate sobre los límites entre la protección estatal y las libertades fundamentales.
Marco normativo y alcances
El decreto, publicado el 15 de diciembre en El Peruano, establece que se creará "un supuesto específico de inhabilitación aplicable en caso de condena, garantizando el derecho fundamental a la libertad de información, la libertad de prensa y el secreto profesional". Sin embargo, la ausencia de especificaciones técnicas genera incertidumbre sobre su aplicación práctica.
Desde una perspectiva de política pública, la medida responde a una necesidad institucional legítima: fortalecer la integridad de los procesos judiciales. Actualmente, solo existen sanciones administrativas para funcionarios que filtran información, lo que evidencia una brecha normativa que debilita el sistema de justicia.
Preocupaciones del sector periodístico
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) expresó que la iniciativa "criminaliza la difusión de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes reservadas". Esta posición refleja una tensión estructural entre transparencia y eficacia judicial.
Rodrigo Salazar, del Consejo de la Prensa Peruana, señaló la amplitud problemática de la norma: "Esto aplica a un funcionario público, a un fiscal, a un periodista". Esta observación técnica es relevante, pues la imprecisión normativa puede generar efectos no deseados sobre el periodismo de investigación.
Respuesta del Ejecutivo
El líder de la PCM, Ernesto Álvarez, descartó que se trate de una "ley mordaza", precisando que busca "penalizar a policías, fiscales o jueces que pasen información a investigados". Esta clarificación sugiere un enfoque específico hacia la corrupción interna del sistema judicial.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, defendió la medida como respuesta a una "amenaza grave que debilita al Estado desde adentro", argumentando la necesidad de sanciones penales más severas y separación definitiva de funcionarios infractores.
Contexto histórico y comparativo
Esta no es la primera controversia sobre regulación informativa. La Ley N.º 32301, promulgada en abril de 2024, estableció controles previos sobre medios financiados por cooperación internacional, generando críticas de más de 270 periodistas de 24 países por considerarla "control político encubierto".
Durante el gobierno de Pedro Castillo también se impulsó una "ley mordaza" similar, evidenciando un patrón recurrente de tensión entre diferentes administraciones y el sector mediático.
Análisis de equilibrios institucionales
Desde una perspectiva liberal, el desafío radica en diseñar marcos normativos que protejan simultáneamente la integridad judicial y las libertades informativas. La promesa del Ejecutivo de convocar a periodistas en la redacción del decreto legislativo representa un mecanismo de consulta que podría mitigar riesgos de sobrerregulación.
La clave está en la especificidad técnica: delimitar claramente qué constituye "revelación indebida" versus "información de interés público", estableciendo salvaguardas procedimentales que protejan tanto la eficacia estatal como el periodismo legítimo.
Esta medida refleja dilemas más amplios sobre gobernanza democrática en contextos de alta conflictividad, donde las instituciones buscan equilibrar eficacia operativa y accountability ciudadana.