Crisis institucional en el Ministerio Público: la urgencia de una nueva elección
La Junta de Fiscales Supremos se encuentra ante una encrucijada institucional que refleja las profundas deficiencias estructurales del sistema de justicia peruano. La inhabilitación política por diez años de Delia Espinoza Valenzuela, dispuesta por el Congreso, ha precipitado una crisis que trasciende lo meramente procedimental para convertirse en un síntoma de la fragilidad institucional que caracteriza al Estado peruano.
El dilema de la continuidad institucional
El fiscal interino Tomás Gálvez Villegas ha convocado para este miércoles una sesión ordinaria que podría determinar el rumbo del Ministerio Público durante los próximos años. La decisión no es menor: se trata de elegir un nuevo fiscal de la Nación en un contexto marcado por la inestabilidad y los conflictos entre poderes del Estado.
La situación actual evidencia un problema estructural más profundo. La inhabilitación de Espinoza, que supera ampliamente su mandato original (noviembre 2024-noviembre 2027), convierte en definitiva su separación del cargo. Sin embargo, la experiencia reciente con Patricia Benavides demuestra que incluso las decisiones aparentemente definitivas pueden revertirse, generando ciclos de inestabilidad que erosionan la credibilidad institucional.
El precedente Benavides y sus implicaciones
El caso de Patricia Benavides ilustra perfectamente la complejidad del entramado institucional. Suspendida en diciembre de 2023 y posteriormente destituida, su reposición por la Junta Nacional de Justicia en junio de 2025 generó una crisis que aún resuena. Esta situación creó un precedente peligroso: las decisiones institucionales pueden ser revertidas por cambios en la composición de los órganos de control, introduciendo un elemento de incertidumbre que socava la estabilidad del sistema.
La reincorporación de Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular, rehabilitado por la JNJ tras dos sentencias de amparo que anularon sus destituciones, añade otra capa de complejidad al panorama. Su eventual participación en futuras decisiones podría alterar el equilibrio de fuerzas dentro de la Junta.
Los candidatos y el cálculo político
En este escenario, solo dos fiscales supremos emergen como candidatos viables: Patricia Benavides y Tomás Gálvez Villegas. Los demás miembros de la Junta enfrentan amenazas de sanción congresual que limitan sus posibilidades.
Benavides representa la continuidad de un modelo controvertido, pero cuenta con experiencia previa en el cargo. Su cercanía a sectores políticos específicos y los procesos pendientes que involucran a su entorno familiar constituyen factores de riesgo institucional.
Gálvez Villegas, por su parte, ha demostrado un enfoque más pragmático durante su gestión interina, priorizando la estabilidad institucional y las relaciones con el poder político para asegurar recursos presupuestarios. Su aproximación técnica podría ofrecer la estabilidad que la institución requiere.
Hacia una reforma estructural necesaria
La crisis actual del Ministerio Público trasciende las personalidades involucradas para revelar deficiencias sistémicas que requieren atención urgente. La politización de las decisiones judiciales, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y la ausencia de criterios técnicos claros para la selección y permanencia de altos funcionarios han convertido al sistema de justicia en un campo de batalla política.
La decisión de este miércoles debe evaluarse no solo en términos de estabilidad inmediata, sino como una oportunidad para establecer precedentes que fortalezcan la institucionalidad. La elección de un nuevo fiscal de la Nación debe basarse en criterios de competencia técnica, independencia política y compromiso con el estado de derecho.
Implicaciones para la gobernanza
La resolución de esta crisis tendrá repercusiones que exceden al Ministerio Público. En un contexto de desconfianza ciudadana hacia las instituciones, la capacidad del sistema de justicia para resolver sus conflictos internos de manera transparente y eficiente constituye una prueba de fuego para la democracia peruana.
La próxima jubilación de Pablo Sánchez (junio 2026) y Zoraida Ávalos (junio 2027) añade urgencia a la necesidad de consolidar una nueva generación de liderazgo fiscal que pueda enfrentar los desafíos de modernización institucional que demanda el país.
La decisión de la Junta de Fiscales Supremos debe priorizar la estabilidad institucional por encima de consideraciones políticas coyunturales. Solo así será posible recuperar la confianza ciudadana y establecer las bases para un sistema de justicia más eficiente y transparente.