La red de bases caribeñas: análisis de la estrategia estadounidense ante la crisis venezolana
La Operación Lanza del Sur de Estados Unidos ha transformado el Caribe en un tablero geopolítico complejo, donde las consideraciones económicas y de seguridad regional convergen con los intereses estratégicos de Washington. Esta iniciativa militar, dirigida contra el régimen de Nicolás Maduro, ilustra tanto las oportunidades como los riesgos inherentes a las alianzas asimétricas en un contexto de crisis institucional.
Racionalidad económica detrás del apoyo caribeño
El respaldo logístico que brindan diversos países caribeños a la operación estadounidense responde a una lógica económica clara. Como explica Evan Ellis, experto en estudios latinoamericanos del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, "es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo".
Esta cooperación no es altruista. República Dominicana, por ejemplo, mantiene importantes vínculos económicos con Estados Unidos a través del turismo y el acceso preferencial al mercado norteamericano mediante el tratado CAFTA-DR. La reciente visita del secretario de Defensa Pete Hegseth y los acuerdos firmados para el uso de la Base Aérea de San Isidro demuestran cómo los incentivos económicos moldean las decisiones de política exterior.
El dilema de las Antillas Neerlandesas
Las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, ubicadas a solo 80 kilómetros de Venezuela, presentan un caso paradigmático. Estados Unidos mantiene bases de operaciones avanzadas en estas territorios del Reino de los Países Bajos, oficialmente destinadas a combatir el narcotráfico. Sin embargo, cualquier escalada ofensiva requeriría la autorización de La Haya, lo que introduce un elemento de moderación institucional en la ecuación estratégica.
Los recientes sobrevuelos de bombarderos estadounidenses entre Aruba y Curazao han generado inquietud local, evidenciando las tensiones entre los compromisos de seguridad y la estabilidad regional. Esta situación subraya la importancia de mantener canales diplomáticos abiertos y procedimientos transparentes para evitar escaladas no intencionadas.
Trinidad y Tobago: vulnerabilidad geográfica y cooperación pragmática
A solo 11 kilómetros de Venezuela, Trinidad y Tobago enfrenta directamente las externalidades negativas del colapso institucional venezolano: migración masiva y actividad criminal transnacional. La presencia de marines estadounidenses en el aeropuerto de Tobago, trabajando en mejoras de infraestructura y sistemas de radar, representa una respuesta pragmática a estos desafíos de seguridad.
Puerto Rico: el núcleo logístico
Como territorio estadounidense, Puerto Rico se ha convertido en el centro neurálgico de la operación. La reactivación de la base naval de Roosevelt Roads, cerrada en 2004, y el despliegue de cazas F-35 demuestran la seriedad del compromiso estadounidense. La zona de vuelo restringido establecida hasta marzo de 2026 sugiere una planificación a mediano plazo que trasciende consideraciones electorales inmediatas.
Implicaciones para la gobernanza regional
La escalada retórica entre Washington y Caracas, con amenazas de interrupción del suministro petrolero por parte del régimen chavista, plantea interrogantes sobre la eficacia de las sanciones como herramienta de política exterior. La declaración de Diosdado Cabello de que "ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los EE.UU. si agreden a Venezuela" revela tanto la dependencia energética mutua como los límites de la coerción económica.
Hacia una estrategia equilibrada
La situación actual exige un enfoque que combine firmeza institucional con pragmatismo económico. La cooperación caribeña con Estados Unidos debe enmarcarse en estructuras multilaterales que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas, evitando tanto el aventurismo militar como la complacencia ante la erosión democrática.
La crisis venezolana requiere soluciones que fortalezcan las instituciones regionales y promuevan la integración económica, elementos fundamentales para una estabilidad duradera en el Caribe. Solo así se podrá construir un orden regional que combine seguridad, prosperidad y respeto por el estado de derecho.